El Gobierno cubano enfrenta una crisis de abastecimiento de harina de trigo, lo que ha llevado a que Cuba se quede sin pan para distribuir a la población como parte del programa de subsidio alimentario. La situación se suma a la ya existente crisis eléctrica, con racionamientos diarios de energía que afectan a más del 30% de la población.
NOTAS RELACIONADAS
La falta de harina de trigo ha impactado directamente en la producción de pan, un alimento básico en la dieta cubana. El Ministerio de la Industria Alimentaria (Minal) advirtió que hasta finales de marzo, no podrán garantizar el suministro del pan subvencionado que forma parte de la canasta básica. Según las autoridades, esta escasez se debe a situaciones específicas relacionadas con los embarques planificados de harina de trigo, aunque no se han proporcionado más detalles al respecto.
Cuba importa aproximadamente el 80% de los productos que consume, incluyendo la harina de trigo necesaria para elaborar pan. De hecho, según la ONU, Cuba gasta alrededor de 2.000 millones de dólares al año para importar los alimentos que consume. En los últimos años, el país ha cerrado acuerdos con países aliados, como Rusia, para asegurar el suministro de este insumo esencial.
Pese a ello, la directora comercial de la estatal Empresa de Molinería, Zaily Pérez Hernández, advirtió que “en los próximos días se enfrentarán severas afectaciones en la producción de pan en cada territorio, por la inestabilidad en el suministro de la materia prima”. Además, aseguró que la industria agroalimentaria cubana no está exenta del embargo económico que mantiene Estados Unidos desde hace 65 años.
Actualmente, Cuba cuenta con cinco molinos para procesar el trigo, pero solo uno de ellos está activo y produce 250 toneladas diarias de harina. Para satisfacer la demanda de pan en la canasta familiar normada, se requieren mensualmente 20,000 toneladas de harina. El presidente del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, Emerio González Lorenzo, explicó que el Ministerio está buscando alternativas con otros organismos estatales y las pequeñas y medianas empresas privadas (mipymes) para solventar la problemática.