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En una maniobra legislativa sin precedentes a nivel global, el gobierno de Australia ha decidido cruzar una línea que otras naciones solo se habían atrevido a debatir. A partir de diciembre de 2025, el acceso a las redes sociales será ilegal para cualquier persona menor de 16 años. Esta medida marca el inicio de una nueva era en la regulación digital, reconociendo oficialmente que la autogestión frente a las pantallas ha fracasado.
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Las autoridades de Australia han admitido una realidad incómoda: frente a la sofisticación actual de los algoritmos, la fuerza de voluntad humana es insuficiente. Los feeds, potenciados por Inteligencia Artificial, ya no son meros escaparates de contenido, sino sistemas que aprenden en tiempo real qué estímulos retienen, alteran o calman al usuario. Para un adolescente, cuyo cerebro aún está en desarrollo, desconectarse ha dejado de ser una elección consciente para convertirse en una batalla desigual contra una tecnología diseñada para maximizar la adicción y el tiempo de permanencia.
El cambio de paradigma en Australia
Por primera vez en la historia de internet, la carga de la prueba y la responsabilidad legal no recaerán sobre los padres o los usuarios, sino directamente sobre los proveedores del servicio. Plataformas masivas como TikTok, Instagram, YouTube y Snapchat estarán obligadas por ley a demostrar que bloquean eficazmente el acceso a los menores. El incumplimiento de esta norma en Australia acarreará consecuencias financieras severas, con multas estipuladas que podrían alcanzar los 50 millones de dólares, lo que supone un giro en la relación de poder entre los Estados y los gigantes tecnológicos.
Sin embargo, la aprobación de esta normativa abre una grieta filosófica y social compleja. Mientras algunos sectores celebran la medida como un "escudo necesario" ante la crisis de salud mental juvenil, otros cuestionan si se trata de una intervención estatal excesiva sobre las libertades individuales y el acceso a la información. El mundo observa atento este experimento regulatorio: si la tecnología evoluciona a un ritmo que supera nuestra capacidad de adaptación biológica y normativa, la pregunta inevitable es si la prohibición total es el único camino viable para proteger a las futuras generaciones.