La administración Trump anuncia una drástica medida: eliminará la ciudadanía estadounidense de los naturalizados que cometan delitos graves como fraude, terrorismo y crímenes violentos. La nueva iniciativa, motivada por un memorando del Departamento de Justicia fechado el 11 de junio, busca priorizar los procesos de desnaturalización, la vía legal para revocar la nacionalidad otorgada a inmigrantes naturalizados.
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Trump eliminará la ciudadanía de migrantes
Según un artículo publicado recientemente, el gobierno de Donald Trump propone retirar la ciudadanía estadounidense a inmigrantes naturalizados que incurran en comportamiento delictivo severo. De acuerdo con esta medida, el alcance de los delitos que pueden desencadenar la pérdida de ciudadanía abarca no solo actos violentos o de terrorismo, sino también delitos civiles graves. Entre ellos se incluyen fraude, especialmente en programas como Medicaid o Medicare, así como participación en organizaciones criminales o actividades terroristas.
El memorando emitido por el fiscal general adjunto Brett A. Shumate ordena a la división civil del Departamento de Justicia que convierta la desnaturalización en una de sus cinco principales prioridades. Señala además que este procedimiento será aplicado en casos respaldados por evidencia suficiente, lo que deja un amplio margen a la interpretación de los fiscales.
Este tipo de procedimientos no son nuevos: durante la era McCarthy y en mandatos recientes bajo Obama y el primer Trump se han usado para casos de fraude migratorio o falsedad en solicitudes. Sin embargo, la actual administración amplía el espectro a delitos civiles, lo que preocupa a expertos por la potencial arbitrariedad en su uso.
¿Qué implican estos cambios?
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Inmigrantes naturalizados que cometan delitos graves podrán perder su ciudadanía.
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Los casos incluyen: fraude en asistencia social (como Medicaid), actividades terroristas, crímenes violentos, participación en carteles de droga, delitos sexuales, delitos contra la seguridad nacional y otros considerados como amenazas severas.
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El procesamiento será vía civil. Es decir, los afectados podrían quedar exentos del derecho a defensa en juicio penal, lo que facilita el uso de esta herramienta por parte del Estado.
Por ejemplo, un caso emblemático es el de Elliott Duke, un ciudadano británico que se naturalizó en EE.UU. y cuya nacionalidad fue revocada luego de ser condenado por distribución de material de abuso sexual infantil. El Departamento de Justicia sostiene que ocultó su historial penal durante el proceso de naturalización, lo que permitió la desnaturalización.
Contexto político y legal en la cruzada antiinmigrante
Este endurecimiento se enlaza con otras políticas migratorias agresivas impulsadas por Trump, como la orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes no legales (ius soli), apoyada por el Tribunal Supremo que permitió que estas decisiones no sean bloqueadas a nivel nacional. El conflicto judicial no ha cesado: un juez de New Hampshire suspendió temporalmente la aplicación del decreto sobre ciudadanía por nacimiento.
Además, la nueva política se inserta en un contexto más amplio de instrumentos legales y administrativos que amplían el control federal sobre la comunidad migrante, incluso imponiendo registros obligatorios y multas para aquellos sin documentación legal.
Repercusiones y críticas
Expertos en derechos civiles advierten que la amplia vaguedad de los delitos inclusos en la política, sumada a que operará en juicios civiles, podría convertirse en una herramienta arbitraria. Familias de ciudadanos naturalizados temen repercusiones generacionales, mientras que defensores legales advierten que no se garantiza el debido proceso en cada caso.
Además, esta estrategia conlleva riesgos diplomáticos y sociales: la desnaturalización dejaría a muchos individuos apátridas, lo que podría intensificar tensiones internacionales y poner en entredicho tratados y convenios en materia de refugio y asilo.
La administración Trump activa una nueva ofensiva sobre la ciudadanía de inmigrantes naturalizados, apuntando a aquellos que cometan delitos graves como fraude, terrorismo o crímenes violentos. Este enfoque no solo cambia la cara de la estrategia migratoria, sino que refuerza una agenda marcada por el endurecimiento legal y el cuestionamiento de la naturalización como un camino seguro e irrevocable hacia la nacionalidad estadounidense.