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El gobierno de Estados Unidos ha anunciado un nuevo cambio en sus políticas sociales que afectará directamente a las familias inmigrantes sin documentos, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) informó que el programa Head Start, dirigido a niños en situación de vulnerabilidad, será reclasificado como un beneficio federal.
Dicha decisión excluye automáticamente a quienes no posean un estatus migratorio legal, lo que representa un nuevo obstáculo para muchas familias que habían encontrado en este servicio un apoyo fundamental.
El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., aseguró que esta nueva regulación busca “proteger los intereses de los ciudadanos estadounidenses” y corregir lo que considera una desviación de recursos públicos hacia personas que no tienen estatus migratorio regular. Según sus declaraciones, el gobierno ha estado, durante años, financiando programas que terminaban beneficiando a inmigrantes sin autorización legal, lo que para él representa un uso inadecuado de los fondos de los contribuyentes.
Con esta normativa, el acceso a servicios como Head Start ya no será posible para las familias que no puedan comprobar su situación migratoria legal. Hasta ahora, aunque los inmigrantes no calificaban para la mayoría de los beneficios federales, podían acceder a algunos servicios comunitarios como este.
La modificación implica que las autoridades exigirán documentación migratoria como requisito obligatorio, lo cual afectará a un número importante de menores nacidos en EEUU pero con padres indocumentados.
Organizaciones sociales y expertos en educación temprana han manifestado su preocupación por esta medida. Yasmina Vinci, directora de la Asociación Nacional de Head Start, advirtió que esto podría generar temor y confusión entre las familias que buscan inscribir a sus hijos. También señaló que esta decisión contradice décadas de políticas que priorizaban la inclusión y el desarrollo infantil como herramientas para reducir la desigualdad social.
Más allá del debate político, esta medida podría traer implicaciones legales importantes, ya que podría ser vista como una forma de discriminación hacia niños que, aunque nacidos en Estados Unidos, podrían ser rechazados por el estatus de sus padres.