La representante republicana de Florida, María Elvira Salazar, ha introducido una nueva propuesta en el Congreso conocida como la Ley Dignidad (Dignity Act of 2025). Esta legislación tiene como objetivo principal brindar estatus legal a millones de inmigrantes indocumentados que han estado trabajando y viviendo en Estados Unidos. El proyecto, identificado como H.R.4393, fue presentado este martes y cuenta con el respaldo de un grupo bipartidista conformado por 10 republicanos y 11 demócratas.
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Un paso hacia la regularización
Aunque la Ley Dignidad no ofrece un camino directo hacia la ciudadanía, sí facilita que aquellos inmigrantes que han residido en EE.UU. durante cinco años o más puedan legalizar su estatus. Este proceso estaría basado en criterios de buena conducta y la restitución de cualquier violación de la ley migratoria. Salazar, quien nació en Florida pero es de origen cubano, enfatizó que esta legislación busca abordar los problemas que han afectado el sistema migratorio del país durante las últimas cuatro décadas.
Durante su presentación, Salazar destacó que "la dignidad humana es uno de los siete pilares de la ideología conservadora de EEUU" y apeló directamente al presidente Donald Trump, instándolo a considerar el impacto histórico de esta legislación. “Si hacemos esto mal, las generaciones futuras pagarán el precio”, advirtió la congresista, subrayando la importancia de tratar a los inmigrantes con respeto y humanidad.
Un enfoque económico
La representante también hizo hincapié en cómo las deficiencias del sistema migratorio afectan la economía estadounidense. A pesar de que la Ley Dignidad no es una amnistía, Salazar argumentó que es una solución necesaria para un problema que ha persistido durante años. "Sin estos trabajadores en los campos y otros sectores, no tendríamos comida al final de esta semana", afirmó, resaltando la contribución vital de los indocumentados en diversas industrias.
Salazar concluyó enfatizando que aunque los inmigrantes indocumentados pudieron haber infringido la ley, su permanencia se debe a la necesidad de mano de obra en el país. “Es un círculo vicioso que hay que romper”, declaró.