El expresidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que busca trasladar a personas sin hogar a centros de tratamiento, incluso sin su consentimiento.
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Esta medida, justificada por la protección de la seguridad pública, ha generado un intenso debate y diversas reacciones.
El objetivo de la orden ejecutiva: Seguridad pública y tratamiento
La orden ejecutiva, titulada "Acabar con la delincuencia y el desorden en las calles estadounidenses", tiene como fin principal "proteger la seguridad pública".
Según lo expuesto en la orden, la presencia de personas sin hogar, con "vagancia endémica, comportamiento desordenado, confrontaciones repentinas y ataques violentos", ha vuelto "inseguras" las ciudades.
La directriz principal es que las agencias federales, en colaboración con gobiernos estatales y locales, faciliten el traslado de individuos que viven en las calles a centros de salud para recibir tratamientos médicos o psicológicos.
Esto incluye a personas con enfermedades mentales que puedan representar un peligro para otros, o para quienes no puedan cuidar de sí mismos. Se busca revocar precedentes judiciales y decretos de consentimiento que limitan la capacidad de las autoridades para realizar estos traslados.
¿Por qué la medida? Salud mental y adicciones en la población sin hogar
La orden ejecutiva de Trump destaca que una "abrumadora mayoría" de las personas sin hogar sufren de adicción a las drogas, condiciones de salud mental, o ambas. Se menciona que casi dos tercios de estas personas reportaron haber consumido drogas duras regularmente y una proporción similar informó padecer condiciones de salud mental.
La administración Trump sostiene que el "uso adecuado del internamiento civil" y el traslado a "instituciones de larga estancia" restablecerán el orden público.
Además, la normativa prioriza las subvenciones federales para estados y ciudades que "hagan cumplir las prohibiciones" sobre el consumo abierto de drogas ilícitas, el acampar en zonas urbanas y el merodeo.
La Casa Blanca señaló que 274,224 personas durmieron en las calles en un solo registro el último año de la administración anterior, lo que calificaron como "el más alto jamás registrado".
Preocupaciones por los derechos civiles y la privacidad
La orden también exige una amplia recopilación de datos federales sobre personas sin hogar y personas con discapacidades mentales.
Sin embargo, esta medida ha generado serias preocupaciones sobre la vigilancia, la privacidad y el posible uso de dichos datos para justificar una mayor criminalización, según advirtió la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
Scout Katovich, abogada del Centro Trone para la Justicia y la Igualdad de la ACLU, criticó la orden, señalando que demuestra un "notable desprecio" por los derechos y la dignidad de las personas vulnerables.
Katovich enfatizó que "encarcelar a las personas en instituciones cerradas y obligarlas a recibir tratamiento no resolverá el problema de la falta de vivienda ni apoyará a las personas con discapacidad". Además, agregó que "las instituciones son peligrosas y mortales, y el tratamiento forzado no funciona".
Un nuevo enfoque para la seguridad pública
Esta orden ejecutiva se enmarca en un contexto donde el expresidente Trump ya había solicitado a la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, que "limpiara" los campamentos de personas sin hogar cercanos a la Casa Blanca.
También había pedido al Servicio de Parques Nacionales que removiera estos campamentos y los grafitis en tierras federales.
La orden concluye con la afirmación de que "entregar nuestras ciudades y ciudadanos al desorden y al miedo no es compasivo ni con las personas sin hogar ni con los demás ciudadanos. Mi administración adoptará un nuevo enfoque centrado en la protección de la seguridad pública".