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El Congreso de Estados Unidos dio luz verde a un amplio y controvertido proyecto de ley de impuestos y gastos propuesto por Donald Trump, lo que representa un triunfo político clave para el mandatario. La votación estuvo muy ajustada: 218 votos a favor y 214 en contra en la Cámara de Representantes, y una aprobación por un solo voto en el Senado.
Aunque se trata de un hito legislativo para el presidente, la Oficina de Presupuesto del Congreso advirtió que el proyecto podría aumentar el déficit federal en US$3,3 billones en una década. Además, estiman que millones podrían perder el acceso a programas esenciales como Medicaid y SNAP, lo cual ha generado fuertes críticas, especialmente por parte del partido demócrata.
La legislación incorpora una serie de reformas que marcan un giro importante en la política económica y social de EEUU. Los 6 aspectos más destacados son:
- Recortes fiscales de 2017 se hacen permanentes.
- Medicaid recibe nuevos requisitos y restricciones.
- No se eliminan impuestos a Seguridad Social, pero sí se amplían deducciones.
- Cambios en SNAP: mayor carga para los estados y requisitos laborales.
- Exoneraciones fiscales para propinas y horas extras, solo hasta 2028.
- Eliminación gradual de incentivos fiscales a energías limpias.
Uno de los puntos más controvertidos es la reforma a Medicaid, programa que asiste a personas con bajos ingresos y discapacidades, a partir de 2026, quienes no tengan hijos ni discapacidades deberán trabajar al menos 80 horas mensuales para mantener su cobertura. Además, se exigirá reinscripción semestral y más controles de ingresos, lo que podría dejar a unos 12 millones sin cobertura médica en los próximos años.
Aunque Trump prometió eliminar impuestos sobre la Seguridad Social, el proyecto no lo cumple del todo, solo se establece una deducción temporal para algunos mayores de 65 años. También se permitirán deducciones de hasta US$25.000 en propinas y US$12.500 en horas extras, pero solo hasta finales de 2028, lo que limita su alcance a mediano plazo.
Finalmente, el presupuesto contempla un gasto significativo en defensa y control fronterizo, US$150.000 millones se destinarán a infraestructura militar, como el sistema “cúpula dorada”, y una suma similar será dirigida a centros de detención y personal de inmigración. Mientras tanto, sectores como el energético verán recortes en exenciones fiscales, especialmente aquellas que benefician a las energías renovables.