Este 20 de septiembre se celebró, bajo la tutela del Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, la audiencia preliminar en contra de los ciudadanos Julián Zavala y Abdi Fernández, quienes perpetraron delitos de plagio, apropiación intelectual y divulgación ilegal de los contenidos de la Revista Gaceta Hípica, perteneciente al Bloque Editorial DEARMAS.
Los dos hombres también habían incurrido en la reproducción no autorizada de datos, pronósticos y estadísticas, trabajo minucioso y de gran valía que corresponde en este caso solo a la empresa afectada y al Instituto Nacional de Hipódromos.
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La audiencia, que se desarrolló bajo el expediente 1CO-455-2022, señaló jurídicamente a los ciudadanos Zavala y Fernández de incurrir en la presunta comisión de los delitos de utilidad ilegal por actos de la Administración Pública, apropiación de propiedad intelectual y agavillamiento.
En este mismo contexto -y ante la presencia del Juez de Control, los representantes de las víctimas, los imputados y sus respectivos defensores-, el Ministerio Público formalizó la acusación consignada previamente por el Fiscal Cuarto Nacional con competencia contra la corrupción.
Los delitos imputados a Zavala y Fernández se tipifican en los artículos 79 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra la Corrupción, y el 25 de la Ley contra los Delitos Informáticos.
Los imputados admitieron los hechos y quedaron privados de libertad, toda vez que el Juez de Control ratificó la orden de encarcelamiento contra los ciudadanos Zavala y Fernández.
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Denuncia. En vista del plagio cometido y detectado hacia las revistas hípicas (Gaceta Hípica, Sin Freno y Desbocado) producidas por el Bloque DEARMAS, la corporación editorial reeditó durante el mes de mayo una campaña para denunciar estos hechos ilícitos que implican masificación y distribución no autorizada de los contenidos.
En esa oportunidad, expertos tributarios consultados afirmaron que estas acciones causan daños al Estado por cuanto condicionan la evasión de impuestos por parte de “los piratas de contenido”; en virtud de ello la comisión de estos delitos acarrea penas con multas y hasta prisión.