Una jueza federal en mayo dio luz verde para que ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y el IRS(Servicio de Impuestos Internos) avanzaran en un acuerdo. El objetivo: compartir información de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, a día de hoy, se desconoce si el pacto está en marcha.
La decisión judicial y la incertidumbre
La jueza federal Dabney Friedrich rechazó la petición de frenar el intercambio de datos. Esto permitiría al IRS ayudar a ICE a corroborar direcciones de inmigrantes con ITIN (número de identificación personal de contribuyente). Ni el DHS ni el IRS han confirmado si ya comparten esta información públicamente.
¿Cuál es el objetivo del acuerdo?
En medio del caso, se reveló un memorándum inicial sobre el intercambio de datos. Organizaciones demandantes argumentaron que era una herramienta más para las deportaciones masivas de la administración Trump. El gobierno, sin embargo, afirmó que los datos serían para investigaciones criminales, especialmente por incumplimiento de órdenes de remoción.
¿Es legal esto?
La jueza determinó que el acuerdo no viola el Código de Rentas Internas que protege la información del contribuyente. No obstante, expertos advierten que el pacto pone en riesgo datos sensibles. Se ha recomendado a indocumentados pagar impuestos para demostrar buena conducta, lo que ahora podría cambiar.
El American Immigration Council considera que este acuerdo difumina la línea entre el cumplimiento de reglas civiles de inmigración e investigaciones criminales. Creen que ICE usa estatutos criminales para avanzar sus metas migratorias.
Detalles del intercambio de información
El memorándum establece procedimientos para que ICE solicite direcciones de personas bajo investigación criminal. ICE proporcionaría al IRS nombre, dirección, años fiscales, el estatuto criminal, fecha de orden de remoción y cualquier otro dato de identificación. El IRS verificaría el pedido y buscaría la última dirección conocida para enviarla a ICE.
Antes de compartir información, se requería un "acuerdo de implementación por separado". El estado de este segundo acuerdo es desconocido públicamente.
Argumentos de ambas partes y el riesgo económico
Organizaciones demandantes han apelado la decisión, argumentando daño inmediato a contribuyentes. Alegan que la decisión interrumpe décadas de prácticas del IRS y afecta la confidencialidad. El gobierno sostiene que los demandantes "especulan" sobre el posible daño.
Millones de indocumentados pagan impuestos con ITIN confiando en la confidencialidad de sus datos. Si pierden esa confianza, podrían dejar de declarar impuestos, generando una pérdida de $25 mil millones para 2026. Además, la combinación de datos podría llevar a errores administrativos en las deportaciones.