Está gestándose un nuevo proyecto de ley bipartidista de control fronterizo, que ya fue presentado por el Senado estadounidense. Algunos expertos consideran que este nuevo planteamiento jurídico representa una vuelta a las políticas migratorias del expresidente Donald Trump, pero que además busca poner fin a la práctica de “detención y liberación”.
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Entre las medidas que se plantean en dicho proyecto de ley, se establece que los migrantes que tienen antecedentes criminales y que se han establecido en otra nación o que podrían sentirse seguros si se hubieran establecido en otra parte de su país de origen, no tendrán la oportunidad de solicitar asilo en Estados Unidos.
Por otra parte, con este nuevo proyecto de ley se espera que los criterios para la aprobación del asilo sean mucho más estrictos para los migrantes que huyen de persecución y amenazas por motivos como raza, religión, afiliación política o pertenencia a un grupo discriminado.
Este plan ha sido elaborado por el senador republicano James Lankford, el demócrata Chris Murphy y la independiente Kyrsen Sinema. El proyecto de ley va a ser llevado al Senado el próximo miércoles y se necesita el apoyo de al menos 60 senadores para aprobarlo.
Otros de los puntos claves del acuerdo migratorio incluyen el fin de la “detención y liberación”, que es una práctica mediante la cual los migrantes indocumentados que llegan a la frontera de Estados Unidos y solicitan asilo, son liberados mientras esperan una audiencia ante un juez de inmigración.
También se incluye la autorización para expulsar a los migrantes, que otorga potestad al Departamento de Seguridad Nacional para suspender los ingresos de migrantes en la frontera estadounidense cuando la cifra diaria de detenciones supere ciertos límites. También busca acelerar el trámite de los pedidos de asilo, reduciendo el tiempo a seis meses.
El procesamiento expedito de migrantes detenidos es otro de los puntos que se incluye en el acuerdo, que busca procesar a los migrantes dentro de un período entre 10 a 15 días. El programa de supervisión y permiso de trabajo para aprobados en audiencia inicial y la limitación de la autoridad del Gobierno en el otorgamiento de amparos migratorios temporales humanitarios (parole) son otros de los puntos que se destaca en dicho acuerdo.