El gobierno estadounidense bajo la administración de Donald Trump ha defendido la reciente revocación de visados a estudiantes y el intento de deportación de Mahmoud Khalil, un activista propalestino con residencia permanente. Según las autoridades, estas acciones no son un ataque a la libertad de expresión, sino una respuesta a comportamientos específicos de los involucrados.
Declaraciones del Departamento de Estado
Durante una rueda de prensa celebrada este lunes, la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, abordó el tema y enfatizó que las decisiones tomadas se basan en hechos concretos. "Sé que hay un argumento sobre la libertad de expresión, pero no se trata de eso. Se trata de acciones. Se trata de cosas que se han hecho", afirmó Bruce, refiriéndose al caso de Khalil, quien fue detenido el 8 de marzo.
El caso de Mahmoud Khalil
Khalil, conocido por su liderazgo en protestas estudiantiles y su mediación para que la Universidad de Columbia rompa lazos con Israel, se encuentra actualmente en un centro de detención en Luisiana mientras un juez revisa su orden de deportación. Su situación ha generado controversia, especialmente tras las acusaciones del presidente Trump, quien lo señaló como un supuesto apoyo a Hamás, un grupo considerado terrorista por Estados Unidos.
Proceso judicial y derechos
Bruce evitó profundizar en los detalles del caso, insistiendo en que está en manos del sistema judicial. "Estados Unidos tiene el mejor sistema judicial del mundo y sin duda habrá argumentaciones por ambas partes. Pero debe debatirse, debe litigarse", sostuvo, destacando la importancia del debido proceso.
Control fronterizo y revocación de visados
Además, la portavoz respaldó las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien defendió la revocación de visados en caso de que se determine que los beneficiarios mintieron en sus solicitudes para participar en eventos pro-Hamás. "Cada país tiene derecho a controlar sus fronteras y a determinar quién entra al país", subrayó Bruce, reafirmando la postura del gobierno sobre la soberanía nacional en cuestiones migratorias.