La celebración del 18º cumpleaños del futbolista Lamine Yamal en Barcelona ha generado una gran polémica en España, debido a las denuncias sobre el uso de personas con discapacidad como entretenimiento en la fiesta. El Ministerio de Derechos Sociales ha solicitado formalmente a la Fiscalía, al Defensor del Pueblo y a la Oficina de Lucha contra los Delitos de Odio que investiguen si en el evento se vulneró la Ley de Discapacidad, que prohíbe en nuestro país la realización de espectáculos que puedan denigrar o burlarse de las personas con discapacidad.
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La denuncia y las acusaciones
La Asociación de Personas con Acondroplasia y otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE), vinculada a la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), fue la primera en denunciar públicamente la contratación de personas con enanismo como parte del entretenimiento en la fiesta de Yamal.
En un comunicado oficial, la asociación condenó los hechos y anunció que tomará acciones legales y sociales para proteger la dignidad de las personas con discapacidad.
La postura del Gobierno y la normativa vigente
El director general de Discapacidad, Jesús Martín, explicó a EFE que la normativa en España prohíbe expresamente este tipo de espectáculos que usan la discapacidad para suscitar burla, mofa o irrisión, en contra de los valores de igualdad y respeto. Aunque actualmente la ley no contempla sanciones económicas por estos actos, el Ministerio de Derechos Sociales trabaja en una reforma para tipificarlos como infracciones graves, con multas que podrían oscilar entre 600.000 y 1 millón de euros.
Además, la actual normativa prohíbe la realización de espectáculos de disfraces o actividades recreativas que perjudiquen la dignidad humana relacionada con la discapacidad, tratando de evitar casos similares en el futuro. La iniciativa del Gobierno busca además endurecer los castigos, con la intención de enviar un mensaje contundente contra todas las prácticas que puedan considerarse ofensivas, como sucedió en la fiesta de Yamal.
Por el momento, el caso está en manos de las autoridades judiciales, que analizarán si existió un incumplimiento de la ley y qué sanciones, si fuera el caso, corresponderían.
La normativa estipula que se podrían aplicar multas elevadas y, en algunos casos, sanciones penales si se considera que las acciones constituyen una vulneración grave de los derechos de las personas con discapacidad.