Tres jueces de apelaciones en la Florida cuestionaron el martes la legalidad de las órdenes de allanamiento que permitieron a la policía grabar subrepticiamente videos del dueño de los Patriots de Nueva Inglaterra cuando pagaba a cambio de tener relaciones sexuales en una sala de masajes.
Los jueces ejercieron así presión sobre un fiscal, quien considera legalmente válidas las grabaciones en el caso que involucra al magnate Robert Kraft y a otras personas.
El vicefiscal general Jeffrey DeSoussa debió capotear repetidas preguntas del panel de tres jueces para convencerlos de que las órdenes y labores de vigilancia cumplieron con todas las salvaguardas que contempla la constitución.
DeSoussa consideró que, por lo tanto, el panel debe desestimar los fallos de tribunales inferiores, que prohibieron el uso de las grabaciones en el juicio.
De mantenerse esos fallos de las cortes menores, tendrían que desecharse los cargos menores interpuestos contra Kraft, de 79 años, y contra otros clientes de la sala de masajes. No obstante, procederían las acusaciones graves contra los dueños del spa, en caso de que haya otras evidencias en su contra.
Kraft y los otros supuestos clientes fueron acusados en febrero de 2019, como parte de una investigación que abarcó varios condados y que se enfocó en salas de masajes. La pesquisa incluyó la instalación de cámaras de video en los vestíbulos y salones de los establecimientos.
La policía indicó que las grabaciones muestran que Kraft y otros hombres tuvieron actos sexuales con mujeres y pagaron por ello.
La policía afirma que grabó dos veces a Kraft, quien es viudo, pagando por las relaciones sexuales en la sala Orchids of Asia. Kraft se ha declarado inocente pero ha emitido una disculpa pública.
El juez Robrt Gross, quien presidió la audiencia ante la Corte de Apelaciones del Cuarto Distrito en Florida, pareció sorprendido por una afirmación de DeSoussa.
El vicefiscal dijo que él y sus colegas deberían considerar el texto llano de la Cuarta Enmienda constitucional. Ésta señala que los jueces pueden emitir órdenes si la policía demuestra la causa probable de un delito, y que se especifique el lugar donde se realizará la revisión, y qué puede incautarse.
Gross dijo a DeSoussa que parecía ignorar numerosos fallos de la Corte Suprema que han expandido las protecciones de la Cuarta Enmienda desde la década de 1960, incluidos algunos que restringen la vigilancia policial por medios electrónicos.
“Usted nos está colocando en una interpretación equivocada al enfocarse en el lenguaje de la Cuarta Enmienda, cuando deberíamos enfocarnos en la jurispudencia de la Corte Suprema... que presenta varios argumentos contra usted”, dijo Gross a DeSoussa.
La audiencia de 90 minutos incluyó argumentos sobre si eran necesarias las cámaras o si la policía violó la privacidad de los consumidores que simplemente recibían masajes.
Se discutió también cuál sería la sanción apropiada si se hubieran violado los derechos de los acusados. AP