ICE puede imponer estas multas a los inmigranes indocumentados

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos tiene la potestad de imponer dos tipos de multas a los inmigrantes indocumentados que no abandonen el país, según lo establecido en la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes (IIRIRA) de 1996.

¿Cuáles son las multas que podrían recibir lo migrantes?

1. Multa por Orden de Deportación (Sección 1324D): Se aplica a las personas que han recibido una orden de deportación de un juez y no cumplen con salir del país. El monto máximo de esta sanción es de $998 dólares por día, por un período no mayor a cinco años.

2. Multa por Salida Voluntaria (Sección 1229C): Se impone a quienes reciben la opción de una salida voluntaria del país, pero no lo hacen dentro del plazo especificado. El monto mínimo es de $1,000 y el máximo de $5,000 (regularmente se aplican multas de hasta $3,000). Esta opción legal ofrece un castigo menor que la orden de deportación y tiene distintas implicaciones para futuros intentos de ingreso legal al país.

El abogado Hasan Shafiqullah, experto de The Legal Aid Society, explicó en el podcast "El Diario Sin Límites" que aunque la ley de multas ha estado vigente por años, la administraciónde Donlad Trump fue la que comenzó a ejecutarlas de manera más rigurosa, llegando a enviar castigos monetarios de hasta $1.8 millones de dólares de forma indiscriminada a más de 25,000 personas.

Multas sin razón 

Shafiqullah señala que el problema central es que ICE está saltándose el debido proceso para implementar estas multas, pues debe demostrar que la violación es injustificada e intencional y está excediendo el periodo máximo de aplicación.

Además, muchos inmigrantes que reciben multas tienen razones para quedarse, como citas regulares con ICE bajo órdenes de supervisión o trámites pendientes como peticiones de asilo, lo que pone en duda la violación "intencional" de una orden de salida. El abogado forma parte de una demanda colectiva que acusa al gobierno de Estados Unidos de violar el debido proceso, ya que las notificaciones de multa carecen de justificación específica e individualizada para cada caso.