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La actriz cubano-mexicana, Livia Brito, se encuentra nuevamente en el centro de la atención mediática tras ser vinculada a proceso penal por el presunto delito de falsedad de declaraciones ante la autoridad.
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Esta determinación judicial marca un nuevo capítulo en una batalla legal que comenzó hace varios años y que ha generado un sinfín de reacciones en México y más allá.
El nuevo proceso que enfrenta la actriz
Brito fue formalmente vinculada a proceso por un juez de la Ciudad de México luego de que un tribunal considerara que existen elementos suficientes para que el caso continúe su curso.
En este contexto, la medida no implica una declaración de culpabilidad, sino que significa que la investigación penal seguirá su camino y Brito deberá enfrentar el proceso legal como imputada.
La decisión de vincularla surge tras la apelación de recursos por parte de los abogados del fotógrafo Ernesto Zepeda, quien interpuso una denuncia por este presunto delito luego de que la actriz negara haberlo agredido en declaraciones previas ante las autoridades.
Esta información fue difundida por el reportero Carlos Jiménez, quien aseveró que “vinculan a proceso a Livia Brito. Tras 2 años, un magistrado ordenó procesarla por el delito de Falsedad de Declaraciones”.
Origen del conflicto entre Livia y Ernesto
El caso tiene su raíz en un incidente ocurrido en junio de 2020 en una playa de Cancún, Quintana Roo, cuando Brito que, actualmente labora en Telemundo, y su entonces pareja, fueron acusados de agredir a Zepeda mientras este tomaba fotografías.
El paparazzi presentó una denuncia, argumentando que sufrió lesiones y daños al equipo al ser confrontado por la actriz cubana. En etapas anteriores, Livia había enfrentado una sentencia judicial que la obligaba a pagar una reparación por daño moral derivado de ese altercado.
Tras la vinculación a proceso, la justicia ha fijado una nueva audiencia para el 23 de febrero de 2026, donde se determinarán aspectos esenciales del avance del caso, como las medidas cautelares que ella deberá cumplir.
Entre las posibles disposiciones están la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades, la presentación de una garantía económica e incluso, la posibilidad de que reciba una medida más estricta si el juez lo considera necesario.
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