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Más de un año después de una de las tragedias más devastadoras de República Dominicana, la justicia decidió enviar a juicio a Antonio y Maribel Espaillat, dueños de la discoteca Jet Set, al considerar que existen motivos suficientes para que respondan por el delito de homicidio involuntario.
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La decisión fue tomada por el juez Raymundo Mejía, quien acogió la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público y descartó la petición de algunos querellantes que buscaban que el caso fuera procesado como homicidio voluntario.
Con esta resolución, el expediente pasa a la etapa de juicio de fondo, considerada una de las fases más importantes del proceso penal, donde se determinarán las responsabilidades definitivas por el colapso del techo del establecimiento ocurrido el 8 de abril de 2025.
La tragedia del Jet Set que conmocionó al mundo
El derrumbe del techo de la popular discoteca ocurrió mientras se desarrollaba una presentación del reconocido merenguero Rubby Pérez. En cuestión de segundos, la estructura cedió sobre cientos de personas que asistían al evento.
El saldo fue devastador, dejando 236 fallecidos y más de 180 heridos, convirtiéndose en uno de los accidentes no naturales más graves de la historia reciente de República Dominicana.
Entre las víctimas estuvieron el propio Rubby, el exlanzador de Grandes Ligas Octavio Dotel, empresarios, funcionarios públicos y ciudadanos de distintas nacionalidades.
Las labores de rescate se extendieron durante varios días debido a la magnitud del desastre y mantuvieron al país entero pendiente de la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.
¿Por qué fueron imputados los hermanos Espaillat?
Según la investigación del Ministerio Público dominicano, los propietarios de Jet Set habrían operado durante años el establecimiento bajo condiciones de riesgo estructural, sin realizar las intervenciones necesarias para garantizar la seguridad del inmueble.
Los fiscales sostienen que existieron señales previas de deterioro que no fueron atendidas oportunamente. Entre las evidencias presentadas figuran testimonios de trabajadores y extrabajadores que alertaron sobre filtraciones constantes, grietas visibles y otros problemas.
La acusación también señala que los imputados habrían mostrado una conducta negligente al no ordenar evaluaciones especializadas ni ejecutar reparaciones adecuadas pese a las advertencias recibidas.
Además, el Ministerio Público afirmó contar con cientos de elementos probatorios y denunció presuntos intentos de intimidación o manipulación de empleados que podrían actuar como testigos dentro del proceso judicial.
Medias cautelares y bienes congelados
Junto con la apertura del juicio, el tribunal ratificó las medidas de coerción que pesan sobre Antonio y Maribel Espaillat, entre ellas la presentación periódica ante las autoridades, la prohibición de salida del país y garantías económicas previamente establecidas
Asimismo, la justicia ordenó mantener la inmovilización de bienes vinculados a los imputados por un monto cercano a los 8,3 millones de dólares, una medida destinada a preservar eventuales responsabilidades económicas derivadas del caso.
La resolución judicial no cerró las heridas que dejó la tragedia. A las afueras del tribunal se concentraron familiares de fallecidos y sobrevivientes que siguen reclamando respuestas y sanciones proporcionales a la magnitud de lo ocurrido.
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