El gobierno de Panamá tiene previsto anunciar medidas operativas migratorias el próximo 8 de septiembre en respuesta al creciente flujo de refugiados que atraviesan la selva del Darién, ubicada entre Colombia y Panamá, con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Según informes, más de 350.000 personas han cruzado esta zona en lo que va de 2023.
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La decisión de implementar estas acciones se da después de que el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pino, señalara el 24 de agosto que los países sudamericanos habían "dado la espalda" a la crisis migratoria, la cual representa para Panamá no solo un problema humanitario, sino también de seguridad.
Las autoridades panameñas han abogado por una gestión más efectiva de los flujos migratorios, con el objetivo de evitar la llegada diaria de hasta 5,000 personas a su territorio. Esta perspectiva choca con la política de libre tránsito que defiende Colombia, lo que ha generado tensiones entre ambos países centroamericanos.
Los migrantes, incluyendo familias enteras con niños y adolescentes, se enfrentan a un peligroso trayecto de 266 kilómetros a través de la selva del Darién, caracterizado por su entorno salvaje y la presencia de grupos criminales.
Debido a la naturaleza de esta selva tropical, las autoridades panameñas han afirmado que es inviable cerrar completamente la frontera del Darién, una propuesta que ha sido planteada repetidamente en el país centroamericano.
Samira Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, mencionó que se están considerando medidas como imponer multas o utilizar vuelos chárter para repatriar a los migrantes a sus países de origen. Sin embargo, estas acciones dependerán de acuerdos diplomáticos y se ha descartado la deportación debido a su complejidad y alto costo.
Panamá ha establecido estaciones de recepción para los refugiados, donde se toman datos biométricos y se brinda asistencia médica y alimentación. Esta operación, única en el continente, ha requerido una inversión de casi 70 millones de dólares en los últimos años, según datos oficiales de las autoridades panameñas.