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El Comité de la ONU para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes instó a Perú a mejorar su sistema de regularización migratoria, con especial atención a los venezolanos. Esta solicitud se realizó durante el segundo examen del país, los días 4 y 5 de diciembre, donde se evaluó su cumplimiento de acuerdos internacionales relacionados con los derechos de los migrantes y sus familias.
Desde 2018, las políticas migratorias peruanas han endurecido los requisitos para los extranjeros, exigiendo pasaportes y visados. Estas medidas han conducido a un aumento en las deportaciones, afectando principalmente a migrantes de Venezuela, Colombia y Haití.
La situación política y económica en Venezuela ha llevado a más de un millón de venezolanos a solicitar asilo en Perú, según cifras presentadas por la ONU. Este flujo masivo de migrantes coloca al país como uno de los principales destinos para quienes buscan refugio en Sudamérica, aunque enfrentan dificultades para regularizar su estatus.
Un punto de preocupación destacado por la ONU fue el aumento de actos de xenofobia y discriminación hacia los migrantes, especialmente venezolanos. Frecuentemente, son señalados como responsables de problemas sociales como la inseguridad, lo que refuerza estigmas y dificulta la integración en la sociedad peruana.
La ONU solicitó al gobierno de Perú aclarar las políticas relacionadas con las deportaciones y expulsiones, subrayando que estas prácticas deben garantizar el respeto por los derechos humanos. La falta de transparencia en estos procesos podría aumentar la vulnerabilidad de los migrantes, afectando su bienestar y seguridad.
Aunque se reconocen los esfuerzos de Perú para asistir a ciudadanos peruanos en el extranjero, como los más de 5.000 casos atendidos entre 2023 y 2024, la ONU enfatizó la necesidad de políticas más inclusivas. Los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias deben ser priorizados, fortaleciendo un sistema que brinde igualdad de oportunidades y protección para todos.