La administración de Donald Trump implementó una política significativa que otorgó a sus abogados la potestad de iniciar procedimientos civiles para despojar de la ciudadanía estadounidense a inmigrantes naturalizados que hubieran cometido ciertos delitos. Esta medida, que generó y sigue generando un amplio debate, abrió una vía que, según críticos, priva a los acusados de un derecho fundamental: el de una defensa legal adecuada.
NOTAS RELACIONADAS
El memorando del departamento de justicia
El 11 de junio de un año reciente bajo la administración Trump, el Departamento de Justicia (DOJ) emitió un memorando que instaba a sus abogados a iniciar acciones para revocar la ciudadanía a aquellos que la hubieran obtenido "ilegalmente" o mediante "la ocultación de un hecho material o la tergiversación deliberada".
La particularidad de esta directriz reside en el tipo de procedimiento legal empleado: los procedimientos civiles. A diferencia de los casos penales, en los juicios civiles el Gobierno tiene una barra más baja para demostrar culpabilidad, y lo más notable, los individuos sujetos a estos procesos no tienen derecho a un abogado provisto por el Estado. Esta falta de representación legal es una de las principales preocupaciones expresadas por abogados de inmigración y defensores de derechos.
¿A quiénes afecta la medida de desnaturalización?
Inicialmente, el memorando señalaba un enfoque en la comisión de "crímenes de guerra, ejecuciones extrajudiciales u otros abusos graves contra los derechos humanos". Sin embargo, la directiva amplió el alcance de manera significativa, otorgando mayor discreción a los abogados del DOJ.
Esto significa que cualquier persona condenada por delitos que "representen una amenaza para Estados Unidos", o que haya mentido en formularios de inmigración, cometido fraude financiero, fraude contra Medicaid o Medicare, o estafado a particulares, podría ser objetivo de un proceso de desnaturalización.
Un caso ya conocido es el de Elliott Duke, nacido en Reino Unido, a quien se le revocó la ciudadanía el 13 de junio (de ese mismo año) tras ser condenado por distribuir material de abuso sexual infantil, un crimen que admitió haber cometido antes de obtener su naturalización.
