Desde este jueves 1 de octubre la tarifa en bolívares del pasaje urbano a nivel nacional fue actualizada, el cual, es un monto equivalente a 0,25 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela. Sin embargo, el sector transporte este mes rechazó el monto fijado por el Gobierno.
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El gremio calificó la medida como "insuficiente" frente a la realidad económica que enfrentan los conductores. Durante este mes de octubre los ciudadanos deberán pagar 220 bolívares.
Nelson Vivas, presidente del bloque Suroeste de Caracas, aseguró en declaraciones recientes que los cinco bloques de transporte de la ciudad se encuentran en plena cohesión y adelantó que presentarán una propuesta formal para elevar la tarifa a 0,50 dólares.
El dirigente gremial argumentó que los costos operativos son insostenibles, destacando que el mantenimiento preventivo de una unidad oscila mensualmente entre los 800 y 900 dólares.
Demanda de bonos y subsidios
Ante este panorama de trabajar "a pérdida", Vivas hizo un llamado directo a la administración nacional para la creación de un sistema de bonos de transporte destinados a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.
El gremialista señaló en una entrevista para el portal Contrapunto, que el sector asume actualmente más del 70% de la población subsidiada sin recibir ningún tipo de compensación estatal por el traslado de estos sectores exonerados.
Como solución, propuso que los transportistas comiencen a pagar el combustible y que dichos recursos sean devueltos por el Estado en forma de bonificaciones directas para los usuarios beneficiarios.
Mecanismos de denuncia
Asimismo, el representante del gremio de transporte señaló que ante posibles irregularidades en la prestación del servicio, las autoridades recordaron que los usuarios cuentan con vías formales de reclamo.
Aquellos casos en los que un transportista se niegue a trasladar a estudiantes o adultos mayores deben ser denunciados ante los tribunales disciplinarios de cada línea o mediante los consejos comunales parroquiales, instancias facultadas para aplicar las sanciones correspondientes a los infractores.
