El magistrado Joaquín Aguirre, juez instructor del Caso Negreira, ha desestimado los recursos presentados por el FC Barcelona y su ex presidente Josep María Bartomeu.
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El juez que investiga el supuesto pago de fondos al antiguo vicepresidente del CTA José María Enríquez Negreira por parte del FC Barcelona señala que este caso evidencia una “corrupción sistémica” en el arbitraje del fútbol español, con la intención de favorecer al equipo del Barça.
“Se presume por pura lógica que el FC Barcelona no pagaría al vicepresidente Negreira en torno a 7 millones de euros desde el año 2001 si no le beneficiara”, comunicó el juez en un informe revelado por los diarios El Mundo y El País.
Según el juez, los datos obtenidos hasta ahora sugieren que Enríquez Negreira utilizó su cargo en el CTA para ayudar a árbitros afines a conseguir encuentros importantes en La Liga o la Copa y partidos internacionales, lo que los benefició económicamente.
Según información obtenida por el diario El Confidencial, el auto emitido por el juez, considera que el Real Madrid y cualquier otro equipo de Primera División que haya coincidido con el FC Barcelona durante los años objeto de investigación puede considerarse perjudicado por la supuesta trama de Enrique Negreira y los pagos realizados a este.
El juez, reconoce que de momento no se ha encontrado pruebas de que Negreira haya pagado a árbitros para que dirigieran un partido concreto, sin embargo, considera que el caso debe seguir siendo revisado por la Guardia Civil e investigar si realmente existió un sistema de calificación de los árbitros tutelado por el vicepresidente Negreira que podría permitir a los árbitros afines a él dirigir partidos relevantes de Liga y Copa.
Entre las resoluciones finales del auto emitido por el juez, la instrucción de la causa se agilizará creando una pieza separada para indagar sobre las responsabilidades penales del exvicepresidente del CTA y su hijo; asimismo la indagación sobre el blanqueo de capitales se mantendrá en la pieza principal.
El magistrado también ha decidido excluir a la RFEF del procedimiento porque es una institución privada que desempeña funciones públicas.