Miles de españoles salieron a las calles este domingo para manifestar su rechazo a la ley de amnistía que el gobierno de Pedro Sánchez pretende aprobar para los líderes independentistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo.
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Las protestas se realizaron en todas las provincias de España, convocadas por la plataforma Unión 78, que agrupa a diversos colectivos y personalidades de la sociedad civil contrarios al indulto.
Los manifestantes portaban banderas españolas y carteles con lemas como "No a la amnistía", "Justicia y democracia", "España no se negocia" o "Sánchez traidor".
En Madrid, la concentración se llevó a cabo en la Plaza de Colón, donde se dieron cita miles de personas, entre ellas los líderes de los partidos de la oposición: Pablo Casado, del Partido Popular; Inés Arrimadas, de Ciudadanos; y Santiago Abascal, de Vox.
Los tres dirigentes políticos coincidieron en calificar la ley de amnistía como una "traición" a la Constitución, al Estado de derecho y a la unidad de España, y exigieron la convocatoria de elecciones anticipadas.
También intervinieron en el acto algunos de los convocantes de la plataforma Unión 78, como la escritora Rosa Díez, el filósofo Fernando Savater o el periodista Carlos Cuesta, quienes defendieron la vigencia de la sentencia del Tribunal Supremo y criticaron el "chantaje" de los independentistas al gobierno.
Según los organizadores, la protesta de Madrid reunió a más de 200.000 personas, mientras que la delegación del gobierno cifró la asistencia en unos 25.000 participantes.
En otras ciudades como Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao o Zaragoza, también se registraron multitudinarias manifestaciones contra la ley de amnistía, que el gobierno prevé aprobar en las próximas semanas.
El ejecutivo de Sánchez argumenta que el indulto es una medida de "gracia" y de "reconciliación" que busca facilitar el diálogo y la convivencia en Cataluña, donde el independentismo sigue teniendo una amplia representación parlamentaria.
Sin embargo, los partidos y colectivos contrarios al indulto consideran que se trata de una cesión inaceptable a los que intentaron romper la legalidad constitucional con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia.
