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La reciente revocatoria de más de 1.000 visas por parte del Gobierno de Donald Trump ha generado alarma entre estudiantes, investigadores y personal académico en Estados Unidos. Esta decisión afecta a personas vinculadas a universidades de renombre como Harvard, Carnegie Mellon y Dartmouth, muchos de los cuales no han sido acusados de delitos graves.
La administración ha cancelado visas sin previo aviso, dejando a los afectados en un limbo legal, muchos de ellos desconocen si deben abandonar el país inmediatamente o si tienen derecho a quedarse hasta que se aclaren sus situaciones migratorias. Además, en la mayoría de los casos, las universidades no fueron notificadas oficialmente de la revocación, enterándose solo al revisar el sistema SEVIS.
Entre los perjudicados hay estudiantes con años de residencia legal y sin antecedentes criminales. Numerosas instituciones educativas como la Universidad de Texas en Austin, Stanford y UCLA aseguran no haber recibido comunicación directa sobre la revocación de visas de sus estudiantes. Esta falta de información ha creado confusión tanto entre las autoridades universitarias como entre los propios alumnos.
Las universidades consideran estas decisiones como arbitrarias, sobre todo porque muchas de las personas afectadas no han violado los términos de su visa o han cometido faltas leves, como infracciones antiguas de tránsito.
Si bien no se ha confirmado de manera oficial, abogados y defensores de derechos humanos sugieren que algunas revocaciones podrían estar motivadas por la participación de estudiantes en protestas, especialmente aquellas vinculadas al conflicto entre Israel y Palestina.
El Departamento de Seguridad Nacional no ha ofrecido claridad, lo que deja abierta la posibilidad de que el activismo estudiantil esté siendo penalizado de forma encubierta. Esto representa un precedente preocupante para la libertad de expresión y la participación política dentro de los campus universitarios en Estados Unidos.