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El reciente presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha reafirmado su postura sobre la inmigración ilegal y la necesidad de frenar el flujo migratorio al país. Durante su campaña, el empresario prometió tomar medidas drásticas, siendo una de ellas la deportación masiva de migrantes indocumentados.
Migrantes con antecedentes penales: la primera prioridad
Una de las principales propuestas de Trump es que las deportaciones masivas se centren en aquellos migrantes que tienen antecedentes penales. Esto fue confirmado por Greg Abbott, gobernador del estado de Texas, quien mostró su apoyo a la medida. Según Abbott, las primeras deportaciones se realizarían a personas que hayan cometido delitos dentro de Estados Unidos. Esta prioridad apunta a lo que Trump ha denominado una “amenaza a la seguridad nacional”.
Para llevar a cabo estas deportaciones, Trump recurriría a una ley de 1798, una legislación de emergencia que solo se ha usado en tiempos de guerra. Esta ley, invocada durante la Segunda Guerra Mundial, permitió la creación de centros de internamiento donde fueron detenidos miles de migrantes japoneses y sus descendientes nacidos en suelo estadounidense.
Además de las deportaciones masivas, Trump ha propuesto construir centros de detención exclusivos para migrantes indocumentados. Estas instalaciones serían diseñadas para albergar a aquellos que hayan ingresado al país de manera ilegal y no puedan presentar los documentos adecuados.
A pesar de su fuerte retórica contra la inmigración ilegal, Trump ha dejado claro que no está en contra de la inmigración en sí misma. Su mensaje enfatiza que las personas deben ingresar al país de forma legal, siguiendo los procedimientos establecidos. Sin embargo, el enfoque en los migrantes sin estatus legal y las medidas propuestas para su expulsión han generado un amplio debate sobre los derechos humanos y el impacto social de estas políticas.
