La reciente aprobación del proyecto de ley HB 367 por parte de la Cámara de Representantes de Kentucky ha generado un impacto significativo en los requisitos para recibir cupones de alimentos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Estos cambios, de ser ratificados por el Senado estatal, podrían dejar a miles de hogares y personas sin este importante beneficio en el estado.
NOTAS RELACIONADAS
Uno de los principales ajustes propuestos es la reintroducción de una prueba de activos financieros, que requeriría que los solicitantes demuestren tener activos por debajo de $2,750 dólares, una cantidad que se eleva a $4,250 dólares para personas mayores y con discapacidades. Esta medida, impulsada por representantes republicanos como Wade Williams, busca garantizar que solo aquellos realmente necesitados reciban asistencia, argumentando que actualmente algunos se mantienen en el programa de manera lucrativa, obstaculizando su retorno a la fuerza laboral.
Sin embargo, críticos del proyecto, incluida la representante demócrata Sarah Stalker, cuestionan la dureza de estos requisitos, argumentando que limitar el acceso a la alimentación básica plantea serias preocupaciones sobre la dignidad y el bienestar de los habitantes más vulnerables de Kentucky. El Centro de Política Económica de Kentucky estima que más de 25,000 hogares y 21,400 niños podrían quedar sin beneficios SNAP si esta legislación entra en vigor.
Además de la prueba de activos, el proyecto de ley también reduciría el límite de ingresos brutos del 200% al 130% del nivel federal de pobreza, lo que podría excluir a más personas de la elegibilidad para recibir asistencia alimentaria.
La posibilidad de que el gobernador demócrata Andy Beshear vete el proyecto si llega a su escritorio añade un elemento adicional de incertidumbre política a este debate. Con una mayoría republicana en ambas cámaras estatales, la lucha por el futuro de los requisitos de SNAP en Kentucky promete ser intensa y de gran importancia para miles de familias en todo el estado. Los ciudadanos deben permanecer atentos a los desarrollos legislativos y prepararse para posibles cambios que podrían afectar su acceso a este crucial programa de asistencia alimentaria.