La presión política en Venezuela aumenta luego que el pasado viernes 26 de enero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificara las inhabilitaciones por 15 años de los políticos María Corina Machado y Henrique Capriles. Esta decisión fue considerada como violatoria a lo establecido en el Acuerdo de Barbados entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro el 17 de octubre de 2023.
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El pronunciamiento del máximo tribunal del país fue inmediatamente rechazado por varios países de la región y las naciones garantes del proceso de negoción para que en Venezuela haya una estabilidad política dentro del marco de la Constitución.
Tras el acuerdo, Estados Unidos empezó a levantar de forma progresiva los bloqueos económicos a la administración de Maduro y la todas las industrias del país, además de la liberación del empresario Álex Saab, el pasado mes de diciembre.
Esta apertura ayudó rápidamente al país a frenar en gran medida el proceso inflacionario y para que Venezuela terminara como la nación sudamericana de mayor crecimiento en su PIB durante el 2023.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU luego la decisión del TSJ, tomó como primera medida revocar la licencia de la empresa estatal Minerven de comercializar el oro venezolano. Este martes 30 de enero el organismo norteamericano anunció la misma acción contra las empresas de gas y petróleo.
Mientras que el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, advirtió al Gobierno de Nicolás Maduro que "tienen hasta abril para cumplir con los acuerdos alcanzados con la oposición antes de que Estados Unidos los sancione de nuevo".
Por este movimiento en la política internacional, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se pronunció sobre estas sanciones y anunció que Venezuela no tendrá más vuelos de repatriación desde EEUU. "Si dan el paso en falso de intensificar la agresión económica contra Venezuela, a pedido de los extremistas lacayos en el país, a partir del 13 de febrero quedarían revocados de manera inmediata los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos y pasaría a revisión cualquier mecanismo de cooperación existente como contramedida", dijo hoy la Vicepresidenta en su cuenta en X.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, también se pronunció este día sobre el ultimátum que dio el gobierno de Joe Biden. "Ahórrense el lapso. Kirby ese ultimátum (…) es una medida coercitiva unilateral, es ilegal, ningún Estado puede involucrarse en los asuntos que le corresponde a otro Estado", sentenció Rodríguez desde el Palacio Federal Legislativo en Caracas.