El pasado jueves, la Confederación de Industriales de Venezuela (Conindustria) reveló los resultados de una encuesta realizada a sus afiliados, en la que el 93% de ellos se mostró a favor de la flexibilización de las sanciones económicas impuestas por el Gobierno de Estados Unidos a entes del Estado venezolano.
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Solo un 7% se opuso a esta medida, que entró en vigencia en octubre de 2023, como parte de las conversaciones entre ambos países, en paralelo a las negociaciones entre el chavismo y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
Según el presidente de Conindustria, Luigi Pisella, la industria nacional se ha visto perjudicada por el tema de las sanciones, que han dificultado el manejo de las divisas en el exterior, el acceso a insumos y maquinarias, y la competitividad de los productos venezolanos.
Por ello, considera que el escenario relacionado con la producción industrial privada de Venezuela será más favorable en la medida que se mantenga el alivio de las sanciones estadounidenses, previsto hasta abril próximo.
Pisella estimó que la producción crecerá un 10% si se mantiene el alivio y un 4,3% si se reanudan las sanciones, lo que Washington amenaza con hacer si no se levanta la inhabilitación política a ciertos políticos nacionales como María Corina Machado, quién está inhabilitada para participar por cargos de elección popular hasta 2036. Según EE.UU., Caracas tiene la posibilidad de habilitar a la exdiputada hasta abril, cuando vence el alivio de sanciones.
Los industriales venezolanos han expresado su disposición a contribuir con el desarrollo económico y social del país, siempre que se respeten los principios de libertad, propiedad y seguridad jurídica. Asimismo, han solicitado al Gobierno que se implementen medidas que estimulen la producción nacional, como la eliminación de los controles de precios y cambio, la simplificación de los trámites administrativos, y la protección de la propiedad privada.