Un mes exacto falta para que inicie en España el juicio contra el histórico futbolista Dani Alves, acusado de una presunta violación a una joven de 23 años en una discoteca de la ciudad de Barcelona. Con lo que eso representa y tan cerca de la resolución judicial, se intensifican las informaciones sobre este caso. Lo nuevo estaría a cargo de la Fiscalía de este país.
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Recientemente, la madre del propio futbolista, Lucia Alves, difundió un vídeo en su cuenta de Instagram, en el que se puso en evidencia el nombre e imágenes de la supuesta víctima, algo que desde el juzgado a cargo estaba prohibido por la seguridad de la presunta perjudicada. Desde el diario Sport, señalan que el Ministerio Público español estaría por la labor de solicitar al tribunal: "la protección de la imagen de la víctima el día del juicio oral".
La intención de esta medida estaría centrada en impedir que se puede identificar y así proteger su derecho a la privacidad. Dentro de las peticiones que apuntan desde el medio español, estaría también que la joven declare en un espacio separado del foco mediático, con una especie de videoconferencia, en la que se distorsione su voz.
Ester García es la abogada de la presunta víctima, según desde esta información, y se encuentra ya en la misión de que este vídeo, del que se hicieron eco medios en Brasil y España, sea eliminado de las plataformas.
La madre del exlateral de grandes equipos como el FC Barcelona, PSG o Juventus, compartió las imágenes cerrando el 2023, el 30 de diciembre, y todo ello causó un revuelo, porque en las mismas estaba la joven bailando en compañía de amigas. Aunque ese trabajo audiovisual no contenía las fechas, se puede presumir que fueron antes de que ocurrieran los sucesos con el futbolista en el establecimiento.
El jugador, acusado de haber violado a la joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de diciembre de 2022, está en prisión desde el 20 de enero de 2023, en la cárcel de Brians 2, luego de que la justicia dictara esta privación de libertad preventiva, para evitar cualquier indicio de fuga, considerando los recursos económicos con los que cuenta Alves.
La fiscalía ya había entrado al juego en este proceso, una vez que solicitó que el brasilero sea sentenciado con una pena de 10 años, así como un alejamiento de la presunta víctima de hasta 1.000 metros en los 10 años posteriores de un hipotético cumplimiento de la condena.