Este jueves, la jueza federal Ellen Lipton Hollander, del Tribunal de Distrito del distrito de Maryland, emitió una orden temporal que veta el acceso de Elon Musk y del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que él dirige, a la información personal de los beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos. Esta decisión se produce en un contexto de creciente preocupación sobre la privacidad y la seguridad de los datos personales.
Eliminación de información sensible
La magistrada ha ordenado que los empleados del DOGE eliminen cualquier información personal identificable que no haya sido anonimizada. Además, les prohibió instalar software en los dispositivos de la Administración de la Seguridad Social y les ordenó desinstalar cualquier programa que se haya instalado desde el inicio de la administración de Donald Trump el 20 de enero.
Acceso sin restricciones a datos sensibles
La controversia se centra en la concesión de acceso sin restricciones a registros que contienen información altamente sensible sobre millones de estadounidenses. Entre los datos incluidos se encuentran números de Seguro Social, historial médico, información fiscal, datos de cuentas bancarias, y registros de nacimiento y matrimonio, entre otros. Este acceso había sido otorgado a diez personas afiliadas al DOGE, lo que generó alarmas sobre la protección de la privacidad.
Demandantes en la controversia
Los demandantes que llevaron el caso ante la corte incluyen la Federación Estadounidense de Profesores (AFT), la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, de Condados y Municipales (AFL-CIO), y la Alianza para Jubilados Estadounidenses (ARA). Estos grupos argumentaron que personal sin la formación adecuada había tenido acceso a datos sensibles, lo que podría comprometer la seguridad de la información personal de los ciudadanos.
Críticas a las prácticas del DOGE
La jueza Lipton Hollander expresó su preocupación sobre las prácticas del DOGE, sugiriendo que su equipo estaba realizando una "expedición de pesca" en busca de fraude dentro del sistema de Seguridad Social. "Ha iniciado la búsqueda de la proverbial aguja en el pajar, sin tener ningún conocimiento concreto de que la aguja esté realmente", afirmó. Esta crítica pone en duda los métodos utilizados por el departamento para abordar el problema del fraude.
Posibles consecuencias legales
La magistrada consideró que los demandantes tienen una alta probabilidad de éxito en su alegación de que las acciones del DOGE son "arbitrarias y caprichosas". Como resultado, emitió una orden de restricción temporal, lo que podría tener implicaciones significativas para las operaciones del DOGE y su acceso a datos sensibles en el futuro.
A medida que las tecnologías y métodos de acceso a datos continúan evolucionando, es fundamental encontrar un equilibrio que garantice tanto la eficiencia gubernamental como la protección de los derechos personales.