La administración de Donald Trump ha intensificado su política migratoria en su segundo mandato, implementando medidas que han acelerado las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Estas acciones han generado preocupación entre defensores de derechos humanos y comunidades migrantes, quienes advierten sobre las implicaciones legales y sociales de estas políticas.
NOTAS RELACIONADAS
ICE intensifica las deportaciones bajo la administración Trump
Desde su regreso al poder en enero de 2025, Trump ha impulsado una serie de acciones destinadas a cumplir su promesa de campaña de ejecutar la mayor deportación de inmigrantes en la historia del país. En los primeros 100 días de su mandato, el Departamento de Seguridad Nacional reportó la detención de más de 158,000 inmigrantes indocumentados, principalmente a través de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Una de las estrategias más controvertidas ha sido la implementación de arrestos en tribunales de inmigración. Agentes del ICE han detenido a inmigrantes inmediatamente después de que sus casos fueran desestimados o tras recibir órdenes de deportación, una táctica que ha sido criticada por socavar el debido proceso y disuadir a los inmigrantes de asistir a sus audiencias judiciales.
Además, la administración ha ampliado el uso de la "expulsión expedita", permitiendo a los funcionarios de inmigración deportar a indocumentados sin necesidad de un proceso legal prolongado ante las cortes de inmigración. Esta medida ha sido implementada incluso fuera de las áreas cercanas a las fronteras de Estados Unidos.
Implicaciones y comunidades afectadas
Las políticas de deportación masiva han tenido un impacto significativo en diversas comunidades. La mayoría de los migrantes detenidos en 2025 son mexicanos, seguidos por ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador. Sin embargo, la administración también ha deportado a ciudadanos de otros países, incluyendo a 238 venezolanos hacia El Salvador en marzo de 2025, basándose en acusaciones de pertenencia a bandas criminales, a pesar de las protestas de sus familiares.
Estas acciones han generado tensiones diplomáticas, especialmente cuando los países de origen se niegan a aceptar a los deportados. Para superar este obstáculo, la administración Trump ha considerado la aplicación de la Sección 243(d) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite imponer sanciones de visa a los países que se nieguen a aceptar a sus ciudadanos deportados.