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La Universidad de Harvard interpuso una demanda formal contra la administración del presidente Donald Trump, tras la revocación de su capacidad de matricular a estudiantes internacionales. La casa de estudios calificó esta medida como una represalia política que infringe los derechos constitucionales de libertad de expresión, según el documento presentado en un tribunal federal de Boston, más de 7.000 alumnos con visas se verían afectados de inmediato por esta disposición.
No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional justificó su decisión con acusaciones delicadas, acusó a Harvard de permitir manifestaciones antisemitas y de albergar elementos asociados al Partido Comunista Chino. Incluso se habló de entrenamiento a supuestos miembros paramilitares chinos, algo que la universidad rechazó por completo, esta narrativa oficial fue usada como base para suspender la certificación en el programa SEVP, clave para la estadía legal de estudiantes extranjeros.
Por su parte, horas después de la demanda, la jueza Allison Burroughs dictó una medida de protección a favor de Harvard. Esta orden suspendió provisionalmente la aplicación del veto migratorio, permitiendo que los estudiantes afectados permanezcan legalmente en el país mientras se evalúa el caso en profundidad. Esta decisión brinda un respiro tanto a la comunidad académica como a los estudiantes internacionales preocupados por su futuro.
La amenaza del veto provocó preocupación entre los estudiantes internacionales, muchos de los cuales enfrentan la posibilidad de abandonar sus carreras o buscar alternativas urgentes.