El gobernador de Florida, Ron DeSantis, propuso recientemente un ambicioso plan migratorio con el objetivo de reforzar las capacidades del estado para gestionar la inmigración sin depender completamente del gobierno federal.
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La propuesta fue presentada a la administración de Donald Trump y busca transformar la forma en la que se procesa legalmente a los migrantes desde instancias estatales.
Uno de los puntos más llamativos del plan es que integrantes del Cuerpo de Abogados Generales de la Guardia Nacional de Florida asuman funciones similares a las de jueces migratorios, dicha medida busca agilizar el procesamiento de casos legales de inmigración desde el estado, siempre que exista autorización por parte del gobierno federal.
DeSantis también reveló que 100 funcionarios de la Patrulla de Carreteras ya han sido certificados como alguaciles adjuntos del Servicio de Marshals. Esto fue posible gracias al acuerdo 287(g), el cual les permite ejecutar órdenes judiciales federales y participar en arrestos de inmigrantes con antecedentes criminales, sin intervención directa de las agencias migratorias federales.
Como ejemplo del éxito de estas políticas, el gobernador destacó la Operación Marea Negra, realizada en abril, donde se detuvo a 1.120 inmigrantes en solo cinco días. Este operativo se convirtió en la redada migratoria más grande jamás ejecutada a nivel estatal en EEUU, con la participación de siete agencias locales y el ICE.
La propuesta de DeSantis también incluye la construcción de nuevos centros de detención para migrantes dentro del estado. Esta medida busca ampliar la infraestructura disponible para manejar el creciente número de personas detenidas, y fortalecer la capacidad del estado para hacer cumplir las leyes migratorias.
Actualmente, más de 100 agencias estatales y todos los condados de Florida están suscritos al programa 287(g), lo que refuerza el papel del estado como líder en políticas migratorias severas. Además, se han aprobado leyes que:
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Prohíben las ciudades santuario.
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Imponen multas de hasta $5.000 a quienes no cooperen con ICE.
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Permiten destituir a funcionarios que incumplan estas normas.
