El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ha estado en desacuerdo con la administración demócrata de Joe Biden sobre la gestión de la crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos. Abbott ha tomado una serie de medidas para intentar frenar el flujo migratorio, incluyendo el envío de autobuses de migrantes a otras partes del país, la detención de migrantes por allanamiento y la instalación de un "muro flotante" en el río Grande.
NOTAS RELACIONADAS
Abbott ha culpado a Biden de la crisis migratoria, alegando que su política de fronteras abiertas ha alentado a los migrantes a cruzar ilegalmente la frontera. Biden, por su parte, ha defendido su política, argumentando que protege el debido proceso migratorio y que está atado de manos por un sistema obsoleto que fue aprobado por el Congreso hace décadas.
El más reciente desafío de Abbott a la competencia del gobierno federal en materia migratoria llegó el martes, cuando el Congreso estatal de Texas aprobó un proyecto de ley que otorga a la policía estatal la autoridad para arrestar a migrantes y que los jueces locales puedan dictaminar su expulsión del país.
¿De qué trata el nuevo proyecto de ley de Abbott?
El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha aprobado un proyecto de ley que convierte la entrada ilegal al estado en un delito estatal. El proyecto establece que la primera infracción es un delito leve, pero que las infracciones posteriores son delitos graves.
El proyecto también permite a los jueces locales ordenar que los inmigrantes detenidos por entrada ilegal sean devueltos a un puerto de entrada. Sin embargo, los jueces solo pueden hacerlo después de verificar la identidad del detenido y cotejarla con bases de datos estatales y federales.
La ley federal de inmigración, por el contrario, considera la entrada ilegal como una falta civil, no como un delito. Además, el gobierno de Biden no considera la presencia indocumentada como una amenaza a la seguridad pública o nacional.
"Los políticos de Texas han impulsado algunos de los proyectos de ley antiinmigrantes más radicales jamás aprobados por cualquier estado", dijo el martes Oni K. Blair, director ejecutivo de la ACLU de Texas. "Esta legislación está completamente fuera de contacto con nuestros valores y quiénes aspiramos a ser como tejanos".
