Damián Cloquell
Estudiantes de Mérida tuvo un día que será histórico para la institución, luego de que un tribunal sentenciara en favor de la Gobernación del Estado Mérida, una interposición de acción de amparo constitucional autónoma, conjuntamente con una solicitud de medida cautelar innominada contra César Guillén Lamus, quien era el presidente del club.
Mientras la junta directiva tenía una reunión con jugadores y cuerpo técnico, el doctor Frank Castillo Salazar junto con algunos fiscales tomaba la sede administrativa del equipo amparado en la decisión del tribunal.
Los hechos imputados hacen referencia a las malas campañas en los dos últimos años, a la racha de partidos sin ganar como visitante, al bajo rendimiento, a la crisis severa que presenta la institución, a la ida de jugadores merideños que se fueron molestos con la junta directiva, a la deuda con la asociación de futbolistas profesionales y, por último, al retardo de la directiva en convocar a la asamblea de socios a pesar de todos estos problemas.
El gobernador propuso nombrar una junta directiva interventora temporal presidida por Frank Castillo Salazar, quien iba a ser el candidato a presidente por la Gobernación en la asamblea que no se terminó realizando, por su parte el candidato de la actual junta directiva para presidir la institución era Franklin Santana, hermano del accionista mayoritario de Estudiantes, el grandeliga Johan Santana, quien posee el 69% de las acciones.
Castillo dijo, en rueda de prensa: “Tenemos que ganar, meter goles, tener credibilidad y darle a la afición entradas a bajo costo para que la familia pueda ir al estadio. Juro en nombre del Gobierno de Mérida y de Alexis Ramírez, estamos aquí para poner a Estudiantes en el sitial que se merece”.
“Mi primera decisión fue suspender la asamblea, porque las cosas no estaban claras para realizarla, era un poco clandestina por la negación de la información de las cuentas de Estudiantes y la poca comunicación entre el Estado y la junta directiva. Sin embargo, la idea es tener una junta directiva mixta entre nosotros y los que estaban antes”, reflexionó.
“Estudiantes era un patrimonio del Estado y pasó a ser un patrimonio personal. No estamos saltando las normas de la FVF ni de la FIFA”, indicó.
La actual Junta Directiva recibió la notificación de la fiscalía recién a las 3:15 p. m., e inmediatamente se estableció una reunión entre la anterior junta y Castillo. Al salir, Ever González, antiguo dirigente, mencionó que “asistiremos el jueves a las 9:00 a. m. a la apelación”, dijo.
César Guillén
“No hay argumentos para suspender la Asamblea ya que no hemos sido notificados de nada aún. Defenderemos el legitimo derecho de una institución que tiene muchos años de arraigo y cariño”
