La Audiencia Nacional ha dictaminado que el Gobierno mediante el Consejo Superior de Deportes, no actuó conforme al derecho en contra de Luis Rubiales hace casi año y medio. En concreto, considera que el órgano que presidía en ese momento José Manuel Franco debió elevar al Tribunal Administrativo del Deporte las denuncias relativas a las presuntas irregularidades cometidas por el expresidente de la RFEF.
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Luego, el 26 de junio de 2022 un juzgado de Majadahonda abrió una causa penal para investigar a la FREF. Esta sentencia sostiene ahora que “el Consejo carece de competencia para acordar la tramitación de unas actuaciones previas antes de elevar su propuesta de iniciación del procedimiento disciplinario deportivo al TAD y por ello tampoco puede suspender dichas actuaciones previas”.
Desde el Gobierno español se discutió entonces que la actuación de la justicia le obligaba a frenar el proceso hasta que hubiese una sentencia. La Audiencia Nacional, sin embargo, considera que la decisión no estuvo ajustada a derecho y reprocha al Gobierno que su actuación que pudo favorecer la prescripción de algunas de las faltas administrativas denunciadas por LaLiga y presuntamente cometidas por Rubiales.
Lo que comunicó la Liga para que se elevase al TAD fueron las informaciones desveladas por este periódico: “Presuntas irregularidades en la organización de la Supercopa de España de Fútbol disputada en Arabia Saudí”, “pago del alquiler de la vivienda por parte de la RFEF del Presidente de la RFEF”, “presuntas irregularidades en desplazamientos realizados por el Presidente de la RFEF del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2018 a Nueva York”, “presunta contratación de detectives para espiar la conducta del líder del Sindicato de Futbolistas a través de la agencia Cryptex Europa y “presuntas irregularidades en el procedimiento seguido para cubrir la vacante producida en Segunda División B por el descenso administrativo del Reus CF”.