Recientemente, el Fútbol Club Barcelona ha sido acusado de pagar al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de España, José María Enríquez Negreira, una suma de siete millones de euros para consultar acerca del modo de proceder de los árbitros en España.
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Tras meses de investigación, el juez titular del juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, imputó a la institución catalana por cohecho debido a que "por deducción lógica los pagos realizados por el FC Barcelona satisfacían los intereses del club en atención a su duración y al incremento anual".
En los próximos días, se podría ordenar un juicio contra la entidad blaugrana en el que, en caso de confirmarse su culpabilidad en delitos deportivos, podría enfrentar una serie de sanciones disciplinarias.
Dichas medidas serían tomadas por la FIFA y la UEFA, en caso de que estas organizaciones se involucren en la querella. El ente rector del fútbol mundial tendría la potestad de descender administrativamente al Barça a LaLiga Hypermotion.
En el caso de la UEFA, esta podría, con carácter inmediato una vez conocida la sentencia, expulsar al elenco de la ciudad condal de competiciones europeas, como es el caso de la Liga de Campeones.
De igual manera, al tratarse de un delito de cohecho, el cual "se habría consumado al haberse realizado el pago, se demuestre o no la corrupción sistémica del arbitraje español a causa de tales pagos", los dirigentes implicados podrían enfrentar hasta quince años de prisión.
El Juzgado de Instrucción reconoce como supuestos implicados en el caso a los presidentes del FC Barcelona Joan Laporta (actualmente en el cargo), Sandro Rosell, Josep María Bartomeu, el exdirector ejecutivo Oscar Grau, el exdirector general de Deportes de España Albert Soler y, por supuesto, José María Enríquez Negreira.