En un movimiento que refuerza su compromiso con la comunidad inmigrante, la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles ha aprobado una moción que prohíbe el uso de activos y recursos locales en operativos federales dirigidos a la deportación de inmigrantes indocumentados. Esta decisión es especialmente significativa, dado que se estima que casi un millón de inmigrantes indocumentados residen en la ciudad.
La medida se implementa en un contexto de creciente preocupación tras las declaraciones del recién electo presidente Donald Trump, quien ha manifestado su intención de deportar a los inmigrantes indocumentados. En respuesta a esta situación, Los Ángeles ha reafirmado su estatus como ciudad santuario, comprometiéndose a no colaborar con las autoridades federales en la persecución de migrantes.
La Junta de Supervisores, compuesta por cinco miembros, tiene la responsabilidad de establecer prioridades para el condado y de interpretar las leyes sin ser considerada un organismo judicial. Para que la moción sea aprobada de manera definitiva, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes ha señalado que se requiere al menos el 80% de los votos de los 13 concejales.
Resguardo legal
Este paso es parte de un esfuerzo más amplio para proteger y brindar apoyo legal a los inmigrantes en Los Ángeles, quienes se encuentran en una situación de incertidumbre ante las políticas migratorias del nuevo gobierno federal. La aprobación de esta moción es un claro mensaje de solidaridad hacia la comunidad inmigrante y un intento por salvaguardar sus derechos en medio de un clima político desafiante.