California dará un paso significativo hacia la protección de las víctimas de delitos con la implementación de la ley AB 2499. Esta legislación tiene como objetivo garantizar la igualdad en el empleo para aquellos que han sufrido violencia, protegiéndolos de represalias en el trabajo, ya sea que busquen mantener su puesto actual o aspiren a un ascenso.
Casos
La ley surge en un contexto donde muchas víctimas enfrentan desafíos adicionales al intentar reintegrarse en el ámbito laboral. Adela León, una campesina que vivió durante 17 años bajo el yugo de la violencia doméstica, compartió su desgarradora experiencia en una entrevista con Telemundo 20. A pesar de su lucha por obtener la custodia de sus hijos, Adela no recibió compensación por los días que tuvo que ausentarse de su trabajo en el campo. “Si ya estás con una preocupación de una cita o ir a arreglar, pero si faltas tienes la seguridad que tus días te lo están pagando, pues no pierdes nada. Si me hubiera ayudado bastante en ese tiempo”, reflexionó.
Asistencia y atención integral
La nueva legislación no solo busca apoyar a las víctimas en su proceso de sanación, sino que también reconoce la importancia de su bienestar integral. Muchas personas reservan sus días de descanso para asistir a consultas médicas o terapias, y ahora podrán hacerlo sin temor a perder su empleo. El abogado Hugo Iván Salazar enfatizó que “ahora esas personas que antes tenían que elegir entre pagar su renta y trabajar o ignorar el proceso legal para tratar de recibir justicia, ya no tienen esa preocupación”.
Las empresas californianas con más de 25 empleados estarán obligadas a no despedir, discriminar o negar empleo a sobrevivientes de delitos o violencia. Además, los familiares de estas víctimas tendrán derecho a hasta 12 semanas de permiso pagado para brindar apoyo.
Marisa Ugarte, Directora Ejecutiva del BSCC, destacó las dificultades que enfrentan las víctimas en sus lugares de trabajo. “Entonces llegaban estos, ya sabes, de violencia doméstica con pistola en mano, y muchos negocios no querían aceptar ya a las mujeres y las dejaban ir”, comentó.
La legislación también exige a los empleadores realizar modificaciones en el lugar de trabajo para atender las necesidades específicas de las víctimas. Sin embargo, Ugarte advirtió que los trabajadores indocumentados no están contemplados en esta normativa debido a su situación migratoria, lo que deja un vacío que aún necesita ser abordado.
