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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha incorporado una nueva tecnología para monitorear vehículos en Estados Unidos, generando alarma entre la comunidad inmigrante. La herramienta, conocida como lectores automáticos de matrículas (ALPR), permite registrar la ubicación y los movimientos de los autos de manera rápida y precisa, ampliando el alcance de la vigilancia migratoria.
Funcionamiento de los lectores automáticos de matrículas
Los ALPR se colocan en patrullas, postes y semáforos para capturar las placas de los vehículos en movimiento. Las imágenes se comparan con bases de datos estatales y privadas, permitiendo identificar recorridos, domicilios y hábitos de los conductores, esto facilita a ICE rastrear los desplazamientos habituales y asociarlos a personas específicas, aumentando la eficiencia de la supervisión.
Expertos en derechos civiles advierten que esta tecnología puede generar un registro completo de la vida diaria de los usuarios. La American Civil Liberties Union (ACLU) señala que el sistema podría usarse para monitoreo masivo sin orden judicial, afectando tanto a inmigrantes como a ciudadanos estadounidenses. Además, los datos se almacenan en servidores privados y pueden compartirse entre agencias, aumentando la vulnerabilidad ante filtraciones o mal uso.
Es importante saber que la utilización de los ALPR puede exponer las rutinas y relaciones personales de los inmigrantes. Según el Immigrant Defense Project (IDP), si un vehículo está registrado a nombre de una persona, ICE podría conocer sus hábitos diarios y lugares que frecuenta, lo que genera preocupación sobre la invasión de privacidad y la seguridad de la información recopilada.
Ante esto, los especialistas en inmigración sugieren algunas recomendaciones legales que los conductores deben acatar:
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Mantengan actualizados los documentos del vehículo.
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Conozcan su derecho a permanecer en silencio ante un control.
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Soliciten identificación a los agentes en caso de detención.
Aunque los lectores de matrículas existen desde hace años, su uso masivo por parte de ICE ha reavivado el debate sobre límites legales y privacidad. Mientras las autoridades destacan la eficacia de esta herramienta, defensores de derechos humanos piden regulaciones más estrictas para proteger la información personal y garantizar que la vigilancia no se convierta en un seguimiento indiscriminado.